Noboa envía enmienda al CNE para limitar funciones del CPCCS

Daniel Noboa envía correcciones al CNE para enmienda que limita funciones del CPCCS

El presidente propone trasladar la designación de autoridades del CPCCS a la Asamblea Nacional

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, remitió al Consejo Nacional Electoral (CNE) las correcciones al proyecto de enmienda constitucional que busca modificar las funciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Esta iniciativa, respaldada por un dictamen favorable de la Corte Constitucional (CC) a finales de marzo de 2026, pretende que la Asamblea Nacional asuma la facultad de designar a las máximas autoridades del Estado, función que actualmente ejerce el CPCCS. El proceso requiere la aprobación ciudadana mediante referendo.


Proceso y contexto de la enmienda constitucional

El proyecto de enmienda fue presentado por Noboa en septiembre de 2025, solicitando la calificación de la vía para su trámite. La Corte Constitucional evaluó que el traslado de funciones no altera la estructura fundamental del Estado ni restringe derechos ciudadanos, por lo que autorizó tramitarlo por la vía de la enmienda, que implica la convocatoria a referendo.

El dictamen 9-25-RC/26A confirmó la constitucionalidad de la pregunta propuesta, asegurando que cumple con los criterios de claridad, coherencia y neutralidad. No obstante, la Corte condicionó la continuación del trámite a un ajuste técnico: incluir la referencia directa al artículo 207 de la Constitución en los anexos.

En lugar de enviar las correcciones a la Corte, Noboa optó por remitirlas directamente al CNE para agilizar el proceso debido al actual periodo electoral. El CNE notificará a la Corte para la verificación final.

La Corte Constitucional reafirmó en su comunicado oficial que la propuesta cumple con los requisitos constitucionales y protege los derechos ciudadanos.

Cambios que propone la enmienda y posibles escenarios

La enmienda busca eliminar la facultad del CPCCS de designar autoridades como el Fiscal General del Estado, Contralor, Defensor del Pueblo y miembros del Consejo de la Judicatura, y trasladar esta responsabilidad a la Asamblea Nacional. Además, se plantea implementar procesos públicos basados en la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público.

La propuesta recuerda intentos previos similares, como el referendo de febrero de 2023 durante el gobierno de Guillermo Lasso, cuando la ciudadanía rechazó retirar estas facultades al CPCCS con un 51.54% de votos en contra.

El futuro de la reforma dependerá de la rapidez con la que la Corte Constitucional complete la verificación técnica. Una vez emitido el aval definitivo, el presidente convocará a referendo, el cual deberá realizarse en un plazo máximo de 60 días. No obstante, podría postergarse para coincidir con las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026, en las que también se elegirán nuevas autoridades del CPCCS.

Pregunta propuesta para el referendo

La pregunta que se sometería a votación es la siguiente:

“¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo de la pregunta?”.


Implicaciones y próximos pasos

Esta enmienda representa un cambio significativo en el sistema de control social y designación de autoridades en Ecuador, al transferir una función clave del CPCCS a la Asamblea Nacional. El proceso sigue abierto y sujeto a la aprobación ciudadana, lo que implica un debate político y social importante en el país.

Para más información sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, puede consultarse su perfil en Wikipedia.

El avance de esta iniciativa será clave para definir el equilibrio de poderes en Ecuador y la participación ciudadana en la designación de autoridades de control.


Este proceso refleja la complejidad de las reformas constitucionales en Ecuador y la importancia del referendo como mecanismo democrático para validar cambios en la estructura del Estado.

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