Denuncian red de corrupción en Findeter y altos funcionarios colombianos

Revelan presunta red de corrupción en Findeter con altos funcionarios implicados

Denuncia penal de Camilo Enciso acusa a Benedetti, Velasco y Bedoya por contratos y cargos para comprar votos en reformas de Petro

El exsecretario de Transparencia y actual candidato a la Cámara, Camilo Enciso, presentó una denuncia penal en contra de altos funcionarios del gobierno colombiano, entre ellos el ministro del Interior Armando Benedetti, el exministro Luis Fernando Velasco y la senadora Berenice Bedoya. La acusación, realizada el 23 de febrero de 2026, señala una presunta red de corrupción en Findeter y el Ministerio del Interior, en la que se habrían usado contratos y nombramientos de familiares para asegurar votos a favor de las reformas impulsadas por el presidente Gustavo Petro.

Detalles de la denuncia y presuntas irregularidades

Enciso describe un esquema en el que se habrían pactado contratos “amarrados” y ofrecido cargos públicos en entidades como la Dirección Nacional de Bomberos y Finagro. Según la denuncia, familiares de la senadora Bedoya fueron contratados en el Ministerio del Interior como parte de esta estrategia para consolidar apoyo legislativo durante el debate de la reforma a la salud a finales de 2025.

El exfuncionario afirma contar con pruebas, entre ellas chats y testimonios de Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), que supuestamente evidenciarían negociaciones vinculadas a la asignación de recursos para obras de acueducto en Yarumal, Antioquia, a cambio de respaldo político. Sin embargo, hasta ahora ninguna autoridad judicial ha confirmado estas acusaciones.

Repercusiones y proceso judicial

Estos señalamientos han generado preocupación sobre el manejo de recursos públicos y la función de la banca de desarrollo en las regiones, especialmente en medio de las reformas sociales vigentes. Los entes de control y la justicia deberán evaluar la evidencia presentada para determinar si existió corrupción o tráfico de influencias.

El caso se suma a la creciente exigencia de transparencia y rendición de cuentas en el sector público colombiano, en un contexto donde la sociedad demanda mayor claridad en el uso de los recursos estatales.

Para más información sobre la gestión pública y transparencia, consulte las directrices del gobierno colombiano.


Este nuevo episodio de presunta corrupción pone en el centro del debate político la importancia de fortalecer los mecanismos de control y la vigilancia ciudadana, mientras se avanza en las reformas estructurales del país.

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