Revelan red de corrupción en Findeter vinculada a Benedetti y altos funcionarios
Denuncia penal señala contratos y nombramientos irregulares para comprar votos en reformas de Petro
El exsecretario de Transparencia Camilo Enciso denunció penalmente una presunta red de corrupción en Findeter que involucraría al ministro del Interior, Armando Benedetti, al exministro Luis Fernando Velasco, a la senadora Berenice Bedoya y al secretario de Findeter, Iván Ramírez Rusinque. Según Enciso, esta red habría operado desde finales de 2025 en Bogotá, mediante contratos y nombramientos de familiares en entidades públicas para garantizar apoyo legislativo a las reformas impulsadas por el presidente Gustavo Petro.
Detalles de la denuncia y presuntas irregularidades
Camilo Enciso, actualmente candidato a la Cámara de Representantes, afirmó que la red utilizó “contratos amarrados” y cargos en entidades como Findeter, el Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Bomberos y Finagro para asegurar respaldo político. Entre las acusaciones destaca la contratación de familiares de la senadora Bedoya en el Ministerio del Interior.
El exfuncionario indicó que cuenta con pruebas que incluyen chats y testimonios de integrantes de Unidades de Trabajo Legislativo (UTL), que al parecer evidenciarían negociaciones para obtener adiciones presupuestales destinadas a obras de acueducto en Yarumal, Antioquia, a cambio de votos a favor de las reformas.
Reacciones y proceso judicial
Hasta ahora, no se han emitido decisiones judiciales que confirmen o desestimen las acusaciones. Los señalamientos han generado preocupación sobre la gestión de recursos públicos y el funcionamiento de la banca de desarrollo regional. En este contexto, corresponderá a las autoridades competentes investigar y determinar si existieron irregularidades en los procesos administrativos y políticos implicados.
El Ministerio del Interior y Findeter no han emitido pronunciamientos oficiales sobre la denuncia. Este caso pone en evidencia la importancia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las entidades públicas, en línea con los estándares que promueve la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El caso se suma a un creciente debate sobre la integridad en la política colombiana y el uso de recursos públicos para influir en decisiones legislativas. Las investigaciones que se desarrollen en los próximos meses serán clave para esclarecer los hechos y garantizar la rendición de cuentas.
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