Multan al presidente Petro por no rectificar acusaciones contra dueño de Coosalud
Juzgado ordena sanción económica por desacato a tutela relacionada con declaraciones públicas
El Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá impuso una multa equivalente a quince salarios mínimos al presidente Gustavo Francisco Petro Urrego por desacato a una sentencia de tutela emitida el 11 de noviembre de 2025. La sanción responde a la falta de rectificación de una afirmación en la que el mandatario calificó como “bandido” a Jaime Miguel González Montaño, exgerente de Coosalud, hecho que motivó una demanda para proteger su buen nombre.
Contexto y detalles del fallo judicial
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca había ordenado en primera instancia la rectificación de la declaración hecha por Petro, pero al no cumplirse en los términos establecidos, el juzgado determinó que el presidente incurrió en desacato, lo que derivó en la sanción económica.
El juez explicó que la multa tiene un carácter correctivo y que el proceso seguirá abierto hasta que se cumpla plenamente la orden judicial o cesen las causas que originaron la vulneración. Además, advirtió que esta sanción puede reiterarse si persiste el incumplimiento.
“La multa no exime de la obligación de restablecer los derechos vulnerados”, señaló la decisión judicial, que además remitirá el caso nuevamente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para su trámite correspondiente.
Repercusiones y seguimiento del caso
La resolución mantiene la competencia del juzgado para supervisar que Petro acate la orden o, en su defecto, para que ejerza los mecanismos legales para controvertir la decisión.
Este caso pone en evidencia la importancia de respetar las decisiones judiciales en materia de protección del buen nombre y la rectificación de declaraciones públicas, un derecho amparado en Colombia por la justicia.
Para entender mejor el marco legal que protege estos derechos en Colombia, puede consultarse información oficial en gob.mx.
Esta sanción se suma a otros procesos judiciales que enfrenta el mandatario, y se mantiene la vigilancia para garantizar el cumplimiento de las sentencias emitidas por los tribunales administrativos del país.
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