El colapso del techo en la discoteca Jet Set, que ha causado la muerte de 231 personas, ha evidenciado el deterioro estructural que pueden presentar edificaciones con décadas de antigüedad y ha puesto en relieve una importante laguna en la normativa vigente sobre supervisión de inmuebles.
Gobierno y Congreso alistan reformas
En respuesta, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso Nacional trabajan en iniciativas legislativas que buscan establecer un sistema de inspecciones periódicas, controles más rigurosos y sanciones severas contra propietarios que desatiendan fallas estructurales.
El ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, informó que el Gobierno prepara un proyecto de ley que reforzará la vigilancia de edificaciones antiguas, especialmente aquellas con alta afluencia de personas como plazas comerciales, escuelas, templos religiosos y espacios de entretenimiento.
“Actualmente, la ley solo contempla inspecciones durante la construcción. No hay supervisión posterior, lo que deja un vacío crítico”, señaló Bonilla.
El nuevo marco legal definiría qué tipos de edificaciones deben ser inspeccionadas regularmente, en función de su antigüedad, uso y volumen de usuarios.
Iniciativa legislativa en el Senado
De forma paralela, el senador Pedro Tineo impulsa un proyecto que propone la creación del Sistema Nacional de Supervisión de Obras Públicas y Privadas, encargado de evaluar cada dos años las estructuras con más de diez años de construidas, tanto en el ámbito público como privado.
Además, se establecería la obligatoriedad de exhibir un certificado de condición estructural en espacios de acceso colectivo: centros educativos, hospitales, negocios, iglesias, entre otros.
Régimen de sanciones
El proyecto contempla multas de entre 50 y 1,000 salarios mínimos del sector público para quienes incumplan con las medidas de seguridad, oculten información o impidan inspecciones.
También se plantea clasificar las edificaciones en cuatro niveles de riesgo, desde “Apta” hasta “Inhabilitada por riesgo estructural”, lo que permitiría su clausura temporal o definitiva en casos graves.
Entre las sanciones adicionales se incluyen:
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Clausura del inmueble
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Suspensión de licencias de operación
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Reporte al Ministerio Público ante negligencia grave
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Notificación a aseguradoras
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Publicación oficial de infracciones
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Inhabilitación para contratar con el Estado
Transparencia y participación ciudadana
Ambas propuestas coinciden en la necesidad de garantizar acceso a la información. Para ello, se plantea la creación de una plataforma digital donde la ciudadanía pueda consultar el estado estructural de edificaciones inspeccionadas y presentar denuncias. Las autoridades estarían obligadas a responder en un plazo máximo de 30 días.
Siguientes pasos
Tanto la propuesta del Ministerio de Vivienda como la del Senado serán enviadas a comisiones técnicas para su análisis, discusión y posterior presentación ante el pleno.
El objetivo común: evitar nuevas tragedias a través de una regulación más estricta y un monitoreo constante de las edificaciones existentes en el país.
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