La comisión bicameral del Congreso Nacional que estudia el nuevo Código Penal analiza las sanciones por discriminación contempladas en el artículo 185, el cual propone penas de entre 15 días y un año de prisión, además de multas equivalentes a dos salarios mínimos del sector público, para quienes incurran en actos discriminatorios en la República Dominicana.
Este artículo sanciona la discriminación basada en género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opiniones políticas o filosóficas, así como condición social o personal, en cumplimiento del artículo 39 de la Constitución, que garantiza el derecho a la igualdad.
Entre los actos que podrían ser penalizados se incluyen negar bienes o servicios, impedir el acceso a la educación, excluir a alguien de un empleo u oportunidad laboral, impedir el ingreso a establecimientos públicos o comerciales, y limitar el ejercicio de actividades económicas por motivos discriminatorios.
Estas disposiciones fueron incorporadas en las reformas del 2024, tras las demandas de sectores LGBTIQ+ que exigieron una legislación más firme contra la discriminación, especialmente en respuesta a versiones anteriores que no penalizaban el rechazo por motivos de género.
Solicitan revisión del artículo 185
En esta nueva etapa de deliberaciones, el Consejo Nacional de Expresidentes del Colegio de Abogados de la República Dominicana (Conexpcard) pidió a la comisión bicameral que reconsidere dicho artículo. Argumentan que podría prestarse a confusión, especialmente en el contexto de las políticas migratorias que implementa el Estado.
“Existe el riesgo de que este artículo sea utilizado para cuestionar medidas legítimas en materia migratoria, lo que podría generar tensiones sociales y una percepción de injusticia entre la población dominicana”, advirtió el Conexpcard.
El gremio de abogados propuso establecer un marco legal que distinga claramente entre actos discriminatorios y medidas legítimas de control migratorio.
Avanza el estudio del Código Penal
La comisión bicameral, conformada por 11 senadores y 21 diputados, continuará el análisis del proyecto en los próximos días, con la meta de consensuar un Código Penal moderno que responda a las demandas sociales y jurídicas del país.
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