Internacional
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha acumulado 112 denuncias en su contra luego de haber promovido en redes sociales la criptomoneda $LIBRA, señalada como una posible estafa. La controversia se desató cuando Milei, a través de su cuenta en la red social X, invitó a invertir en este token digital apenas tres minutos después de su lanzamiento oficial, lo que generó sospechas sobre su implicación en el proyecto.
Fuentes judiciales citadas por el portal Infobae han confirmado que las denuncias han sido presentadas tanto por ciudadanos afectados como por figuras de la oposición, quienes lo acusan de participar en un fraude. Entre los principales delitos mencionados en las querellas destacan fraude, negociaciones incompatibles con la función pública, infracción a la Ética Pública y asociación ilícita. Algunas denuncias también incluyen cohecho, luego de que el empresario estadounidense Charles Hoskinson declarara que personas cercanas al gobierno argentino le exigieron sobornos para gestionar una reunión con Milei.
Uno de los elementos clave en la investigación es la declaración de Hayden Mark Davis, uno de los socios de $LIBRA, quien ha asegurado que fue asesor del presidente y que Milei "respaldó y promovió activamente el proyecto". La Justicia deberá determinar si el mandatario incurrió en alguna conducta delictiva o si su promoción del token digital tuvo implicaciones legales.
Ante la creciente polémica, el propio Milei ordenó a la Oficina Anticorrupción investigar si algún miembro de su gobierno incurrió en irregularidades en relación con la criptomoneda. Sin embargo, desde la oposición, el bloque Unión por la Patria (UxP) ha calificado este caso como un "escándalo sin precedentes" y anunció que presentará una solicitud de juicio político contra el mandatario.
Desde el Gobierno y los sectores que apoyan a Milei ha habido pocas reacciones, salvo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien defendió al presidente y aseguró que el 'Criptogate' es una estrategia para intentar desestabilizar su administración. La investigación sigue en curso, mientras la polémica continúa creciendo en el ámbito político y judicial del país.
Fuente: El Economista