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El presidente Luis Abinader firmó el decreto 76-25, con el cual se establece la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción (CPTA). Este nuevo organismo tendrá la responsabilidad de coordinar las estrategias gubernamentales para combatir la corrupción y mejorar la supervisión de la gestión pública. Asimismo, todas las entidades del sector público deberán suministrar información y documentos requeridos en investigaciones sobre posibles irregularidades en un plazo máximo de cinco días hábiles.
La normativa especifica que cualquier institución estatal que reciba solicitudes de información sobre casos de corrupción deberá responder dentro del plazo estipulado. Con esta disposición, el gobierno busca agilizar la fiscalización y evitar demoras en la recuperación de bienes públicos que pudieran haber sido desviados de manera irregular. Además, las entidades estarán obligadas a proporcionar asistencia técnica para fortalecer los procesos de investigación.
La CPTA podrá colaborar con la Procuraduría General de la República y el Equipo de Recuperación de Patrimonio Público (ERPP) cuando sea necesario proceder judicialmente. También tendrá la facultad de trabajar con organizaciones de la sociedad civil especializadas en transparencia, con el fin de mejorar los mecanismos de auditoría y supervisión.
El decreto también establece sanciones para los funcionarios que incumplan con la entrega de información dentro del plazo establecido, considerándolo una falta de tercer grado según la Ley de Función Pública. Además, se instruye a entidades clave, como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA), a colaborar prioritariamente con la CPTA. La Comisión deberá presentar informes periódicos al Poder Ejecutivo sobre sus avances en la implementación de políticas de transparencia.
Fuente: Diario Libre
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