Participación Ciudadana (PC) ha denunciado la ilegalidad de asignar recursos a partidos políticos que no estaban contemplados en el Presupuesto General, argumentando que esta acción viola la ley y establece un peligroso precedente para el futuro del país.
Según PC, la reducción en fondos para partidos y otras instituciones no es un error, sino una práctica anual motivada por la insuficiencia de ingresos estatales para cumplir con todas las asignaciones legales. La organización rechaza enérgicamente cualquier medida que viole las leyes, especialmente cuando beneficia a quienes tienen el poder de crear y hacer cumplir esas leyes.
La utilización de recursos presupuestarios destinados originalmente a otras entidades es considerada ilegal, especialmente bajo el compromiso del Poder Ejecutivo de reembolsarlos, lo cual constituye una intromisión inaceptable en las funciones del Congreso Nacional y viola la separación de poderes.
PC criticó la falta de voluntad política durante décadas para realizar una reforma fiscal significativa que aumente los ingresos públicos y para buscar consensos que permitan reformar leyes especiales sobre asignaciones presupuestarias fijas. La organización sostiene que los ajustes presupuestarios son una práctica transparente y acordada entre todas las partes, a diferencia de las decisiones recientes del Gobierno para satisfacer a los partidos políticos.
Según la Constitución, cualquier traslado de recursos entre instituciones después de la aprobación del Presupuesto General del Estado debe realizarse mediante ley, y ninguna erogación de fondos públicos puede ser válida sin autorización legal explícita. La decisión reciente también contraviene el principio de especialidad cualitativa, que exige que los recursos se utilicen exclusivamente para los objetivos establecidos en el presupuesto.
PC aboga por una revisión constitucional que reevalúe las condiciones y montos de financiamiento establecidos en las leyes electorales y de partidos, debido a los magros resultados observados. Sin embargo, mientras esto no suceda, la organización sostiene que no se pueden tolerar ni respaldar violaciones legales en beneficio de un sector a expensas de otras instituciones y sectores que reciben presupuestos insuficientes año tras año.
Fuente: Diario Libre