Política
En medio de la agitada contienda electoral en República Dominicana, el Código de Trabajo del país se acerca a su aniversario número 32 sin haber experimentado modificaciones desde su promulgación en 1992.
A lo largo de los años, se han intentado diversas revisiones y reformas al Código de Trabajo, sin lograr concretar cambios significativos, lo que ha dejado pendiente una promesa recurrente en cada ciclo electoral. Aunque se han implementado normativas complementarias y decretos derivados de estos intentos de actualización, la sociedad dominicana en el ámbito laboral demanda ahora más que nunca una reforma sustancial que responda a las necesidades actuales.
Las prioridades incluyen la regulación del teletrabajo, una política salarial redefinida, derechos laborales para trabajadores domésticos remunerados, y medidas contra la violencia y el acoso en los entornos laborales. También se busca reconocer la importancia económica del trabajo de cuidado y preservar la cesantía como compensación por despidos.
En este contexto, ¿qué proponen los candidatos presidenciales dominicanos?
De los nueve candidatos en disputa, solo uno ha presentado públicamente su plan de gobierno. Virginia Antares Rodríguez Grullón, la candidata más joven a la presidencia con 38 años, aboga por fomentar empleos dignos y de calidad, asegurando el acceso a la seguridad social y promoviendo el disfrute de los derechos laborales.
Dentro de su plan, Rodríguez Grullón promete:
Establecer un seguro de desempleo y consolidar los derechos adquiridos en el actual Código de Trabajo.
Equiparar los derechos laborales de los trabajadores domésticos a los establecidos en el Código de Trabajo.
Impulsar la sindicalización y la negociación colectiva para abordar desigualdades económicas y de poder.
Promover políticas para aumentar la sindicalización y mejorar la calidad del empleo.
Sin embargo, otros candidatos importantes como el actual presidente Luis Abinader, Abel Martínez, Leonel Fernández, Miguel Vargas Maldonado, María Teresa Cabrera, Fulgencio Severino y Roque Espaillat aún no han presentado oficialmente sus planes de gobierno.
Según la Ley 33-18 de Partidos Políticos, los candidatos tienen la obligación de presentar sus planes de gobierno a la Junta Central Electoral dentro de los 30 días posteriores a la inscripción de sus candidaturas. A pesar de ello, a solo un mes y medio de las elecciones, la mayoría de los programas de gobierno nacional aún no están disponibles para el público, dejando a los votantes con poco tiempo para evaluar y decidir en base a propuestas concretas.
Fuente: Acento