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Durante los últimos dos gobiernos del expresidente Leonel Fernández, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) entregó 66 auditorías que contienen presuntas evidencias de corrupción administrativa, pero la Procuraduría General de la República decidió no investigar los casos, durante el mandato del ahora líder de Fuerza del Pueblo.
Los informes de fiscalización revelan que numerosas instituciones centralizadas, autónomas y descentralizadas de la administración de Leonel Fernández (2004-2008 y 2008-2012) hicieron mal uso de los recursos públicos, razón por la cual la Cámara de Cuentas envió los hallazgos a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) con el objetivo de llevar a cabo una investigaciones forenses, que nunca se hicieron.
Las experticias fueron entregadas al entonces procurador adjunto Hotoniel Bonilla, que dirigía la PEPCA, y quien ahora es dirigente y colaborador cercano de Leonel Fernández en el partido Fuerza del Pueblo (FP).
Las auditorías, que detectaron faltas de transparencia en la referida gestión gubernamental, fueron enviadas a la Procuraduría entre 2005 y 2010, por el órgano de control externo del Estado dominicano.
Entidades oficiales como la Dirección General de Bienes Nacionales (BN), la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), la Liga Municipal Dominicana (LMD), la Oficina Técnica del Transporte Terrestre (OTTT), la Superintendencia de Electricidad (SIE), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulico (INDRI), y otras, presentaron niveles altos de irregularidades financieras durante el período señalado.
La Cámara de Cuentas también envió a la PEPCA 37 auditorías de diversos ayuntamientos. con indicios graves de malversación de fondos públicos, pero al igual las anteriores no fueron utilizadas, y se agotó el plazo para cualquier posibilidad de acción penal, por lo que quedó sin sanción.
Los presuntos indicios de corrupción detectados en las investigaciones incluyen desvíos de fondos, contratos irregulares, compras sobrevaloradas, activos desaparecidos, adjudicación de obras sin licitación pública, desembolsos carentes de documentos; alteraciones de contratos, obras sobrevaluadas, sustracción de patrimonios y otras anomalías que debieron ser investigadas por la PEPCA.
Las irregularidades representan miles de millones de pesos, indican los informes. El dinero fue parar a los bolsillos de funcionarios, sin ninguna consecuencia legal, en total impunidad.
Muchos servidores de los gobiernos mencionados obtuvieron un aumento patrimonial que no se justifica en relación con sus ingresos oficiales, como han considerado sectores de la sociedad civil interesados en el tema.
La impunidad fue tan evidente, que en 2014, ante el archivo definitivo de la acusación por delitos de corrupción y lavado de activos contra el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, la entonces fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, dijo que hubo “18 meses de investigación, cientos de evidencias, pero estaba prohibido judicialmente perseguir la corrupción”. (En los gobiernos del PLD).
En 2021, el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, admitió que en todos los gobiernos existen corruptos, no obstante, considera que el problema es mayor cuando la corrupción es auspiciada por el Estado y se convierte en una megacorrupción.
Meses ante de terminar la administración de Leonel Fernández dos entidades de la lucha contra la corrupción presentaron un recurso ante el Tribunal Superior administrativo, solicitando al entonces Presidente la destitución de Hotoniel Bonilla, titular de la PEPCA, a quien acusaron de proteger a los funcionarios que eran señalados por corrupción.
Fuente: Acento