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La jueza de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, dio inicio, la mañana de este miércoles, a la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción a los imputados en el caso de supuesta corrupción administrativa.
Esta es la tercera ocasión que el tribunal se avoca a conocer la solicitud, luego de dos reenvíos a demanda de las partes, que han pedido tiempo para que le notifiquen documentos relacionados al proceso, entre ellos, querellas que se han sumado.
Las 20 personas se les conoce la medida fueron detenidas el domingo 19 de marzo, en lo que el Ministerio Público denominó la Operación Calamar.
De acuerdo a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el grupo fue parte de una estructura de corrupción que operó en el Ministerio de Hacienda durante el gobierno de Danilo Medina, y que habría desfalcado al Estado dominicano con más de 19,000 millones de pesos.
Entre los arrestados se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; ex ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; el economista Ángel Lockward, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
Asimismo, están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
Los integrantes de la supuesta red están imputados de delitos de coalición de funcionarios, falsedad en escritura pública y privada, prevaricación y desfalco.
También por sobornos o cohecho de funcionarios, intervención en asuntos incompatibles con la calidad de funcionario, enriquecimiento ilícito, asociación de malhechores, estafa agravada en perjuicio del Estado dominicano, falta de declaración jurada y lavado de activo.
Fuente: diario libre, noticias sin