---Nacional---
La variación en las medidas de coerción de varios imputados
en caso de corrupción ha terminado con la luna de miel que tenían los jueces
dominicanos y los fiscales del Ministerio Público, al punto de que varios
abogados defensores criticaron que los tribunales fueran un sello gomígrafo de
la Procuraduría General de la República por imponer la prisión preventiva.
Con la llegada del Miriam Germán a la Procuraduría General,
empezó una especie de luna de miel entre jueces y fiscales, ya que en los
tribunales se imponían las medidas de coerción que desde el Ministerio Público
se pedían.
Pero todo ha cambiado desde que los jueces han ordenado el
cese de la prisión preventiva de varios imputados en casos de corrupción,
principalmente allegados al expresidente de la República Danilo Medina, lo que
ha provocado las crudas críticas de los principales fiscales del Ministerio
Público, los procuradores adjuntos Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho.
En los últimos meses, la
Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO) ha emitido
dos comunicados contra los procuradores adjuntos Reynoso y Camacho por las
constantes críticas que se les da a sus decisiones.
El más reciente tuvo lugar este jueves, cuando JUDEMO
expresó su “firme y enérgico” rechazo a las declaraciones dadas por el
procurador fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, la procuradora fiscal de
Duarte, Smailey Rodríguez y el procurador general adjunto, Wilson Camacho,
quienes, por separado, ofrecieron declaraciones en los medios de comunicación
criticando sentencias de varios jueces, principalmente la variación de la
medida de coerción a los acusados del caso Coral.
En opinión de la sociedad de jueces, estos
pronunciamientos, además de apartarse de la correcta e institucional conducción
de la actual gestión de la Procuraduría General de la República, lesionan e
ignoran el Estado de derecho, las reglas del debido proceso, el principio de
separación de funciones y la independencia judicial.
Los fiscales criticaron las decisiones de algunos jueces
que han impuesto medidas menos gravosas como la garantía económica y hasta la
libertad pura y simple a favor de imputados involucrados en casos graves.
Con información de N Digital